Arquitectura y racismo, diseño como herramienta colonial

La arquitectura tradicional se basa en el entendimiento complejo del habitar, la producción y transmisión colectiva de saberes,  y la construcción a través de procesos comunitarios de ayuda mutua que fortalecen el tejido social, la identidad cultural y el vínculo territorial. Es decir, una práctica de autoproducción comunitaria en donde los propios habitantes, sin intermediarios, son los que gestionan los múltiples procesos involucrados en la materialización de su hábitat, basándose siempre en la inteligencia colectiva.

Actualmente la arquitectura pasó de ser un bien comunal a un lenguaje exclusivo de unos cuantos en donde, a pesar de necesitar aún la participación organizada de diversos actores, se adjudica su producción a un autor: un ente individual que, sin tener los múltiples saberes necesarios para concretar una obra de inicio a fin, puede reconocerse como la mente maestra detrás de todos los procesos. La profesionalización de la arquitectura no solamente individualizó el discurso y complejizó la transmisión de conocimientos, además, discriminó y rechazó los saberes producidos al margen de las instituciones académicas, gremiales y gubernamentales etiquetándolos como precarios, abriéndole de esta manera la puerta al racismo. 

La manera en la que construimos nuestras casas es la inteligencia de nuestros antepasados y nosotros queremos conservarla y defenderla.

Asamblea Comunitaria de Santa María Nativitas Coatlán, Sierra Mixe de Oaxaca.

El racismo es un sistema que media relaciones de poder y opresión basándose en la existencia de “razas” según las características fenotípicas de las personas, sin embargo, no existe evidencia biológica o científica que pueda sostener dicha teoría. Es decir, la racialización de los cuerpos es una construcción social que, a pesar de tener un origen histórico, se sigue validando y reproduciendo actualmente. 

Según la organización “Educación Contra el Racismo A.C.”, el racismo se instauró en México con el orden colonial a través de la conquista a los pueblos originarios, lo cual permitió justificar la esclavitud, los sistemas de organización social basados en castas, la distribución y asignación del trabajo y la destrucción de las formas culturales objetivadas [templos, códices, rituales, ect.] de los pueblos conquistados con finalidades extractivistas y “civilizatorias”. La invención de las razas a partir del colonialismo despojó a los pueblos y naciones originarias de sus territorios y autonomía.

El racismo, como un argumento filosófico sobre la superioridad “natural” de ciertas razas y ciertas culturas, encuentra uno de sus orígenes en la mentalidad colonial, en el desprecio imperial por los pueblos conquistados y en la división internacional del trabajo con sus consecuentes formas de concentración geográfica de la riqueza y de opresión de los pueblos.

María Dolores París Pombo. “Racismo y nacionalismo: la construcción de identidades excluyentes”.

Si avanzamos un poco más en la historia de México podemos encontrar que, a pesar de haber logrado la independencia del orden colonial hace más de 200 años, el racismo sigue instalado en nuestro país regulando las mismas opresiones ahora desde el sistema patriarcal, capitalista y extractivista. Esto se debe a que el proyecto de Estado Nación sentó sus bases en la búsqueda de una identidad cultural homogénea: el mestizaje. Yásnaya Aguilar, activista mixe defensora de los derechos lingüistas, reconoce que el proyecto nacionalista es posterior a la presencia de pueblos originarios en el territorio, quienes no participaron ni fueron consultados en la construcción política, social, económica y geográfica del Estado Nación. En este sentido, argumenta que la racialización de grupos culturalmente diversos como “indígenas”, responde a una categoría política que actualiza el racismo y reproduce narrativas coloniales:

Si consideramos que en 1820 aproximadamente el 70% de la población mexicana hablaba una lengua indígena como lengua materna y que ahora somos solo cerca del 6%, podemos ver que la gran mayoría que se enuncia mestiza es población que fue desindigenizada durante los últimos doscientos años; población a la que el racismo estructural del Estado necesitaba narrar como mestiza, antes que indígena, para lo cual le arrebató lengua, elementos culturales y pertenencia para adscribirlo a una identidad más blanqueada, llamada mestiza, una identidad mexicana construida con elementos mezclados de distintos lugares, pueblos y tradiciones. El objetivo del Estado mexicano ha sido amestizar a toda la población indígena, o lo que es lo mismo, desindigenizar.

Yásnaya Elena. “¿Un homenaje a nuestras raíces? La apropiación cultural indebida en México”.

Si bien el Estado Nación descartó la quema de códices, la destrucción de templos o la esclavitud para sostener el orden colonial moderno, reconfiguró las cruzadas civilizatorias a través del derecho a la educación [homogénea], la castellanización de los pueblos originarios, las políticas integracionistas, el asistencialismo y el concepto de desarrollo, el cual tiene como constante el despojo territorial a grupos humanos racializados por el “bienestar” general del país, favoreciendo siempre la economía de los grupos de poder [capitalismo] y dejando a un lado las dimensiones socio-cultural y territorial-ambiental. Un ejemplo de las políticas públicas desarrollistas es el llamado Tren Maya, el cual pone en riesgo el hábitat, las formas de vida y la subsistencia de los pueblos mayas, justificando la realización del proyecto para sanar la deuda histórica con el sureste del país. Ante este panorama, comunidades, colectivos y habitantes han alzado la voz:

La deuda histórica solamente van a poder pagarla cuando respeten nuestra dignidad de pueblo, cuando acaten los tratados internacionales que han firmado como Estado reconociendo que es nuestro derecho participar en todas estas decisiones que otros están tomando sobre nosotros. Dejen que nosotros definamos qué tipo de desarrollo queremos. Ha habido ya demasiado abuso contra nuestros pueblos y una gran devastación contra la Madre Tierra.

Chuun T’aan Maya de Yucatán. “Otra vez se los venimos a decir: no nos gusta que ustedes decidan por nosotros”.

El asistencialismo y el integracionismo tienen componentes claramente racistas y coloniales ya que usan cómo instrumento la racialización para imponer políticas, tomar decisiones por los “otros” [a los que no se les reconoce como iguales] y excluir a las “minorías” de la toma de decisiones, argumentando, en la mayoría de los casos, que se hace por su bienestar. Es decir, se concibe a ciertos grupos humanos como objetos de intervención y no como sujetos de acción, como personas vulnerables a las que necesitamos asistir [decidiendo desde nuestro propio imaginario sus necesidades] y no cómo personas con las que podemos dialogar para construir estrategias, enriquecer nuestros saberes y aprender. Es así como el racismo actualmente se reproduce desde las instituciones gubernamentales, la academia y las profesiones. Pero, ¿cómo se relaciona el asistencialismo con la arquitectura?

El hecho de que los muy diversos pueblos indígenas hayan quedado encapsulados dentro del Estado mexicano no fue resultado de un pacto confederado entre estas diversas naciones y culturas sino de la imposición del proyecto de una minoría privilegiada.

Yásnaya Elena. “Que ningún Dios recuerde tu nombre”.

Para continuar con la reflexión es necesario sumar dos conceptos: clasismo y profesiones deshabilitantes. Parafraseando nuevamente al colectivo “Educación Contra el Racismo A.C.”, en nuestro país el racismo suele esconderse bajo el paraguas del clasismo, sin embargo, “el clasismo en México tiene un componente racial, de tono de piel y fenotipo ya que, en el imaginario colectivo, las personas consideradas de clase social baja [pobres] o con poca educación son asociadas con un tono de piel oscuro”. Es decir, en México la pobreza sí tiene color. Este racismo estructural se hace evidente en el contexto actual: una de las alcaldías más golpeadas por brotes de Covid19 en la Ciudad de México es Iztapalapa, la cual tiene el mayor número de población indígena y el penúltimo lugar respecto al Índice de Desarrollo Humano en la capital.

Desde la perspectiva de Iván Illich, la era de las profesiones deshabilitantes inicia con el despojo de los saberes colectivos por parte de los profesionistas y los gobiernos tecnocráticos, quienes se asumen como los únicos poseedores de saberes para diagnosticar necesidades y dictar soluciones. Ligando el racismo y las condiciones de pobreza que genera dicha violencia estructural, los profesionistas son un pequeño porcentaje de la población que tuvo el privilegio de acceder a la universidad, lo cual no es la realidad general del país en dónde únicamente el 26% de los jóvenes logran terminar una carrera profesional [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos], ¿tendríamos que asumir entonces que el 74% de la población tiene que regir su vida bajo las decisiones dictadas por un pequeño grupo de personas?

Los profesionales declaran poseer un conocimiento secreto acerca de la naturaleza humana, conocimiento que sólo ellos tienen el derecho de administrar […]. En cualquier campo donde pueda imaginarse una necesida humana, estas nuevas profesiones, dominantes, autoritarias, monopolistas, legalizadas _y que, al mismo tiempo, debilitan e incapacitan al individuo_han llegado a ser las únicas expertas en el bien común.

Iván Illich. “Profesiones deshabilitantes”.

Es bajo este contexto de racismo institucional, que deriva en desigualdades y falta de oportunidades para la mayoría de la población, que nuestra profesión ha servido al sistema de opresión, ya sea público o privado, para articular y diseñar proyectos que legitiman las mismas narrativas excluyentes que niegan la participación de los habitantes en la toma de decisiones y deshabilitan los saberes locales, construyendo un discurso vertical y hegemónico que nos asume como los únicos poseedores de saberes  para plantear estrategias y soluciones que permitan enfrentar los retos complejos del hábitat. 

Un claro ejemplo es la estandarización y homogeneización del hábitat a través de normativas  descontextualizadas [normativas diseñadas por profesionistas], lo cual conduce a una nueva conquista a través del diseño arquitectónico para imponer las formas urbanas de habitar a las comunidades rurales, transgrediendo el simbolismo cultural y la cosmovisión de los pueblos vaciada en los sistemas constructivos tradicionales; esos sistemas vernáculos que reconocen como un ente vivo a los componentes de su hogar y les atribuyen características sagradas.

Los mismos sistemas vernáculos que sufrieron daños estructurales por los sismos del 2017 pero fueron arrasados por los múltiples prototipos de autor generados bajo la premisa del asistencialismo [ayudar a los pobres y reconstruir México pero sin reconocer su derecho a participar] diseñados sin la existencia de un diálogo o el reconocimiento de los saberes técnico-constructivos existentes en los territorios, las políticas públicas generadas en la administración de Peña Nieto para la reconstrucción a través de constructoras y desarrolladores inmobiliarios [otra vez el capitalismo] y, finalmente, la negación del uso de materiales locales y sistemas constructivos tradicionales que forman parte fundamental de la cultura e identidad de los pueblos originarios.

Negar la construcción y reproducción de la vivienda vernácula para sustituirla por un modelo diseñado desde una visión patriarcal dominante, es equiparable a eliminar las lenguas originarias e introducir el castellano en todo el territorio. 

Frente a la emergencia por covid19 el Gobierno Federal, desde la Secretaría de Economía y la SEDATU, anunció la creación de programas de autoconstrucción de vivienda con la intención de abordar tres ejes: activar la economía del país, dar apoyos para la vivienda y cortar intermediarios en la producción de vivienda. Desafortudamante, las declaraciones presidenciales generalizaron la existencia de corrupción en la práctica arquitectónica. Sin embargo, a juzgar por las respuestas de parte del gremio acerca del fenómeno de la autoconstrucción, nos hace pensar sobre la falta de una reflexión crítica profunda y honesta acerca de las formas de producción y reproducción de la vivienda urbana y rural en México. Quizá el poner sobre la mesa otras aproximaciones a la realidad nos permita reacomodar la indignación y llevar la conversación hacia un diálogo mucho más nutritivo: 

• 60% de las viviendas en México son autoconstruidas. Alrededor de 60 millones de personas en nuestro país no tienen acceso a esquemas de financiamiento, 46.87% de la población total.Banco Interamericano para el Desarrollo.
• 73.6 millones de personas en México se encuentran excluidas del mercado formal de vivienda en México. 2018. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social [CONEVAL].
• En el 2016 se reportó que el 14% del parque habitacional se encontraba en abandono, aproximadamente 5 millones de viviendas. CONAVI.
• La autoproducción de vivienda ha sido apreciada como una modalidad que incrementa la aceptabilidad de la vivienda y fortalece elementos comunitarios. En México representa el 64.3% de la producción del país: el 69.6% en zonas urbanas y el 49.1% en zonas rurales. CONEVAL. 

Con base a la realidad anterior, no concebimos a la arquitectura como una obra de autor o como un objeto estático, artístico e inmodificable; sino como un proceso vivo, abierto y evolutivo que con el tiempo continúa adaptándose a las necesidades y aspiraciones de sus habitantes. Esto se puede lograr debido a que la arquitectura participativa busca el reconocimiento de los saberes generados por los diversos grupos humanos para fortalecer su capacidad de gestión y autonomía. 

Esta visión de la práctica arquitectónica ha tenido lugar desde hace más de 50 años en México y Latinoamérica a través de una postura epistemológica que implica el derecho de las personas a participar decisoriamente en la configuración de su entorno habitable. La noción de Producción y Gestión Social del Hábitat [PyGSH], concepto acuñado por Enrique Ortiz en los años sesenta, entiende el hábitat como un producto social y cultural que implica la participación activa informada y organizada de los habitantes en su gestión y desarrollo, bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales.

Vale la pena aclarar que la participación de la que hablamos no es exclusiva de las zonas rurales, pues como argumenta Gustavo Romero, los arquitectos no inventaron la PyGSH: la encontraron en los barrios populares, allí donde el poblamiento, las viviendas y el equipamiento que sus recursos económicos y políticos posibilitan, no son objetos terminados y entregados -producidos en un solo momento como la vivienda pública y mercantil-, sino autoproducidos a lo largo de años, a veces décadas o generaciones de pobladores. 

Ante la crisis humanitaria actual debemos evitar el lugar común que replica el racismo, el colonialismo y el profesionalismo tecnócrata: asumir que las personas no tienen capacidades ni conocimientos para autoproducir su hábitat y necesitan a los profesionistas para que decidan por ellos. Si bien es cierto que la autoproducción y la autoconstrucción tienen múltiples retos para los habitantes [técnicos, económicos, organizativos, administrativos, etc.], dichos retos no pueden reducirse al diseño del objeto arquitectónico pues se estaría dejando a un lado la visión sistémica y compleja del habitar.

En este sentido, la participación se aboca al reconocimiento del sujeto social por medio del acompañamiento integral durante el diagnóstico de fortalezas, retos y necesidades, la construcción de estrategias colectivas, la búsqueda por la eficiencia de los recursos económicos y materiales de los pobladores, y el fortalecimiento de su organización comunitaria. Hablando exclusivamente desde el eje técnico, la solución no es sustituir al autoproductor sino reconocer que la única forma de abonar a la problemática de la falta de vivienda en el país, sin replicar estructuras de opresión, es a través de la participación y el reconocimiento de la alteridad con un acompañamiento respetuoso que promueva el intercambio horizontal de saberes.

Para esto, primero tendríamos que desaprender y desarticular el discurso académico que nos introducen desde nuestra formación: el diseño como un acto sublime que solamente puede ser realizado por unos cuantos dotados de capital cultural para dicho fin [dejando al margen nuevamente al 74% de la población]. Se hace necesario eliminar la construcción romántica en torno a la participación como una práctica “incluyente” concedida por los profesionistas o las instituciones a los pobladores, y reconocerla como un derecho humano que fortalece la autonomía y la autogestión de las comunidades urbanas y rurales.

Una postura política y ética que parte del rechazo a la asimilación y encuentra sus valores en la diversidad de pensamiento y la construcción colectiva de saberes y, finalmente, una visión anti-racista que defiende que las personas etiquetadas con categorías raciales desfavorecidas [indígenas, afrodescendientes y pobres] tienen tanto derecho a participar en el diseño de su hogar como aquellas categorías raciales que resultaron privilegiadas y cuentan con la economía necesaria para contratar a un profesionista que escuche sus necesidades, ¿o será que las y los arquitectos le niegan la participación a sus clientes con recursos económicos abundantes?

Los discursos de la inclusión evidencian de entrada una relación de poder implicada: quienes hablan de incluir evidencian que tienen el poder de hacerlo. La direccionalidad de la inclusión es elocuente: ¿quién pretende incluir a quién?

Yásnaya Elena. “Que ningún Dios recuerde tu nombre”.

La participación no es una cuestión de buena fe, asistencialismo o buena voluntad. No es la compartición de ignorancias y voluntarismo altruista ni tampoco una simple cuestión metodológica de razón instrumental. Desde la PSH, se entiende la participación como una postura ideológica, política y democrática.

Gustavo Romero. “La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la PSH

***

Mariana Ordoñez cursó la carrera de Arquitectura en la UADY. Cuenta con Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sustentable por la Universidad del Medio Ambiente. Su práctica profesional se caracteriza por el desarrollo de proyectos comunitarios en zonas rurales. Profesora en la UIA en el taller de Impacto Regenerativo. Becaria del FONCA  Jóvenes creadores 2016-2017.

Jesica Amescua es arquitecta egresada de la UIA. Cuenta con maestría en Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura por la UNAM y es doctoranda en el Programa de Arquitectura de la misma institución. Fue becaria del FONCA-CONACULTA en el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2010-2012. Es profesora titular en la UIA en el Taller Vertical: Proyectos de Impacto Regenerativo. Ambas son fundadoras de Comunal Taller de Arquitectura y han sido galardonadas con distintos reconocimientos a nivel internacional como el AR Emerging Architecture 2019 y el Premio Obra del Año 2018, entre otros.