Política LGBT+, acciones y programas sociales para la comunidad

Después de 43 años de lucha en México, hoy hacer política para la población LGBT+ se traduce en demandas más puntuales que se convierten en una lista de pendientes que van desde la eliminación de barreras legales hasta la generación de políticas públicas transversales, pero que también buscan acciones y programas sociales específicos para las poblaciones LGBTTTIQA en las municipalidades y alcaldías como repuesta a la deuda histórica y la desigualdad social que en pleno 2021 les sigue posicionando como un grupo más de los catorce que se consideran de atención prioritaria al menos en la CDMX.

Es cierto que la lucha por el matrimonio igualitario, así como la adopción homoparental y lesbomaternal, a nivel nacional sigue siendo un reto. Estos están en la cancha de cada congreso local y eso requerirá no solo de la voluntad política, sino de una fuerte contraloría social por parte de los colectivos, asociaciones de base comunitaria y grupos organizados en cada estado de la república.

Situación actual en México

Mientras tanto a nivel federal sigue pendiente una reforma constitucional que permita el acceso al derecho a la identidad de género para las personas trans, incluidas las infancias y adolescencias; así como la tipificación de las terapias de conversión (ECOSIG) como un delito grave y perseguible para quien las promuevan, difundan y ejerzan, dos grandes deudas que el gobierno de AMLO tienen con la diversidad sexual y diversidad de género, o es que acaso ¿ya olvidamos que en 2018 sostuvo una bandera del orgullo en el marco del 17 de mayo?

Por otro lado y a escasos cuatro meses de que los gobiernos de alcaldías en la capital mexicana terminen su primera administración debemos reconocer que al menos la agenda de las personas que se identifican con orientaciones sexuales o identidades y expresiones de género diversas han logrado tener presencia en al menos 10 de 16 demarcaciones.

Sin embargo debemos estar alerta pues para el periodo 2021 – 2024 llegarán administraciones que se caracterizan por una visión de derecha; como la del PAN, en 9 de 16 alcaldías significando un retroceso en las áreas de atención que se han creado hasta el momento, y que si bien no han cubierto en su mayoría con las expectativas de la ciudadanía, sí han servido como ejercicios de visibilidad de las poblaciones LGBTTTI+ en las diversas administraciones, dando certeza a las, los y les ciudadanes de contar con una persona que les acompañe y atienda desde la función pública.

Calidad de vida y bienestar social

Lo anterior pone en calidad de urgente en el Congreso de la Ciudad el descongelamiento y aprobación de la ley para infancias trans. Al respecto, el estado de Jalisco ya ha puesto el ejemplo. La ley para la atención de las personas LGBTTTIQA busca ordenar administrativamente las responsabilidad y directrices de trabajo para las distintas secretarías y dependencias del gobierno local. Hasta el momento el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, personxs travestis, trasngénero, transexuales, intersexuales y de otras identidades no binarias o normativas, aún no ve la luz con una política pública desde la Secretaría Inclusión y Bienestar Social que impacte en su calidad de vida y desarrollo social.

Ahora bien si pensamos en términos de abordaje y atención por tipo de derechos, podemos decir que los más olvidados son la educación sin discriminación. Aún y cuando se aprobó en 2019 en congreso federal una reforma al tercero constitucional que garantiza el acceso a educación sexual, el deporte, el acceso a la alimentación así como la vivienda, temas que podemos considerar de atención con extrema urgencia en tanto son vitales para la vida.

Salud sexual y VIH

La salud sexual y la atención a padecimientos como el VIH siguen siendo la punta de lanza de las consignas de las poblaciones mayoritariamente de los hombres gays. Es uno de los temas con mayor atención del ojo público y que por ende cuenta con respuesta gubernamental, sobre todo en materia de medicamentos antirretrovirales. No así en el caso de la eliminación de barreras legales estigmatizantes como el caso de Veracruz, estado que aún prohíbe o reglamenta algunas actividades laborales a personas que viven con VIH.

Un tema que cada ves cobra más fuerza y que seguramente veremos con mayor visibilidad en la opinión pública y la protesta social es el relacionado con el reconocimiento de las identidades de las personas no binarias, de género incoforme, fluído o bien no normativas. Hasta el momento se representa con letras como la “Q” (queer) o el símbolo “+”. Sin embargo esto no significa que se seguirá insistiendo en la corrección constitucional al artículo primero para sumar la palabra orientación en vez o como complemento a la ya existente y reconocida preferencia sexual como un derecho prohibiendo toda discriminación por esa razón.

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Y aunque la sensación es que en México hemos avanzado en la última década o bien desde el matrimonio igualitario en 2011, la realidad es que aún queda mucho por lo que luchar y mucho que demandar a los gobiernos de izquierda y en particular a la 4T; en donde ya algunas y algunos representantes han firmado compromisos garantizando un frente de defensa dentro de ese movimiento político partidista.

Amado Jonathan Hernández forma parte del Centro de Investigación, Diversidad e Incidencia CIDI. Es Lic. en Comunicación y Cultura por la UACM y Especialista en Derechos de las personxs LGBTTTIQA y Promotor Internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuenta con experiencia en capacitación con Especialidad en Función Pública y desarrolla su trabajo en México, Centro América y el Caribe.