El acceso a la vivienda de pueblos originarios en CDMX

Sobre el derecho a la vivienda en la Cd. de México para los pueblos originarios. Las ciudades no son solo sus espacios sino los imaginarios a través de los cuales la reconocemos. El “lugar” que le damos a cada cosa y a cada persona no es únicamente una ubicación espacial, sino también una valoración simbólica y narrativa.

No estoy hablando de un teoricismo sin sentido sino de una realidad meramente material, que puede ser entendida con una pregunta obviada por muchos transeúntes de Ciudad de México: ¿dónde viven las personas de pueblos originarios que venden artesanías o realizan labores de limpieza? Esta parece una pregunta irrelevante, porque los cuerpos perfilados y clasificados por el estatus quo son entendidos como una no-ciudad. Una fantasmagoría que ronda sin estar presente, que está sin formar parte. De ahí que cuando se piense en “nosotros, la ciudad” determinadas personas no estén siendo incluidas en ese imaginario. 

¿Dónde viven, entonces, y qué nos dice de la urbe más grande de América Latina?

El 15 de octubre de 2023 se realizó un intento de desalojo forzoso en contra de una comunidad del pueblo otomí en lo que originalmente era el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Ahora renombrado como La Casa de los Pueblos Samir Flores. Varias personas fueron agredidas por elementos policiales, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad. El incidente que dio vuelta a titulares de prensa a nivel local y nacional. Es tan solo un capítulo reciente de un largo conflicto que ejemplifica los problemas en el acceso a la vivienda de personas indígenas en Ciudad de México.

Muchas personas de comunidades otomíes, mazahuas, nahuas, mixes y de otras naciones originarias, llegan a la capital federal en busca de mejores condiciones de vida. Eso, cuando no llegan huyendo de situaciones de violencia que no les dejan más opciones que abandonar sus lugares de origen. En una ciudad que se presume “cosmopolita”, este sector se siente constantemente como un intruso en la ciudad. Por donde caminan, la gente les ve como un elemento externo. Presente, pero no perteneciente. Y no es por el hecho de que en su mayoría no nacieron en esa ciudad, sino por que el ser indígena en una metrópoli así es sencillamente un acto disruptivo. 

Por este contexto, gran parte de sus opciones de supervivencia están centralizadas, mientras que las opciones habitacionales asequibles se encuentran principalmente al sur de la ciudad, en alcaldías como Tlalpan, Milpa Alta, o al norte en Iztapalapa. Sea como sea, suelen encontrarse en una disonancia de habitabilidad: el traslado de las viviendas asequibles hasta la zona centro implica que gran parte de su escaso salario sea consumido por el costo del transporte. “No me sale”, me decía una mujer mazahua en alguna ocasión.

Esto ha llevado a que algunas comunidades indígenas busquen las opciones más precarias en los centros de la ciudad. Eso incluye predios abandonados, derruidos y en condiciones de riesgo estructural. 

¿Sin opciones dignas de vivienda?

En 2021, el entonces director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Pablo Benllure, sostuvo que en Ciudad de México hay al menos 200 mil predios abandonados o deshabitados en Ciudad de México. Por su parte, el INEGI registra 207,026 viviendas deshabitadas en Ciudad de México. Esta es una realidad que contrasta con la idea de una urbe saturada, ya sin lugar para más personas.

Aunque cueste conciliar esa idea, en Ciudad de México no solo hay cientos de edificios deshabitados sino que, además, hay varios sin dueños cierto. Es decir, predios que no tienen un dueño registrado de manera cierta, o que se encuentran en litigios entre varias personas que levantan la mano asegurando ser los legítimos propietarios.

Muchas personas provenientes de comunidades indígenas terminan resguardándose en estos edificios resquebrajados, con techos faltantes, hiervas derramándose por los balcones y estructuras que resisten su batalla contra la gravedad. Cuando hay necesidad de que el transporte no devore el dinero para comer y la necesidad de tener a tus hijos en resguardo durante las noches. Ésta se vuelve la opción para muchas personas.

Pero también hay gente que saca lucro de esta situación. Doña Albina es parte de una comunidad mazahua que habita en el edificio Turín #46 en la Colonia Juárez. Llegó ahí debido a una persona que se ostentaba como dueño del inmueble casi en ruinas. Doña Albina cuenta que el individuo la vio pasar y le ofreció un lugar barato para vivir. “¿A dónde te guardas?”, le preguntó cuando la vio pasar camino al centro para vender sus artesanías.

Como muchas otras personas mazahuas y otomíes, Albina aceptó el precio asequible de renta por tener un espacio junto a decenas de otras familias en el inmueble. De manera religiosa, el supuesto propietario llegaba a cobrar la renta. Nunca les dio contrato por escrito, ni ningún tipo de garantía o certeza legal. Siempre le pagaban lo acordado hasta que un día, sin previo aviso, el dueño desapareció. En su búsqueda por localizarlo, descubrieron que el inmueble no contaba con un dueño cierto. Y que el casero desvanecido nunca fue realmente propietario.

Desde entonces, la comunidad de Albina ha exigido a las autoridades de la Ciudad de México que expropien el edificio para poder vendérselos a crédito y a un precio justo. Esta propuesta no es inédita, ya que en el pasado así se han hecho proyectos de vivienda social indígena en la ciudad. De hecho, desde el 2016, autoridades anunciaron que avanzaba una propuesta de dictamen para evitar la especulación y los predios ociosos. Sin embargo, en los últimos años este tipo de propuestas han quedado en el olvido por todos los partidos políticos. La solicitud de las y los habitantes del Turín #46 sigue esperando una respuesta.

Los desalojos forzados en CDMX no cesan

El 15 de octubre de 2021, particulares entraron con violencia al edifico Turín #46 en un intento de desalojo forzoso. Golpearon a niños, mujeres, personas adultas mayores e incluso se reportaron casos de agresión sexual. Afortunadamente, las comunidades mazahua y otomí lograron frenar el desalojo. Al menos por el momento. Doña Albina ha pasado a ser una voz indispensable en la lucha de su comunidad por el acceso a una vivienda adecuada. “No queremos que nos regalen nada, queremos pagarlo”. 

Como una coincidencia bastante simbólica, exactamente dos años después, el 15 de octubre de 2023, tiene lugar el intento de desalojo de La Casa de los Pueblos Samir Flores. Desde hacía un año, las comunidades indígenas habían tomado las instalaciones del INPI como una protesta por la falta de respuesta de las autoridades frente a las solicitudes de expropiación de los predios Zacatecas #74 y Roma #18/ Londres #7 en la colonia Juárez.

Una historia muy similar a la del edificio Turín #46, con la diferencia de que el desalojo en su contra sí se materializó. Sin opciones, sin respuesta de las autoridades, pasaron a La Casa de los Pueblos Samir Flores para continuar con su protesta. Acusan, entre otras cosas, que las autoridades ya habrían vendido los predios a particulares, a pesar de que las mismas autoridades excusaban la dilación en el trámite de expropiación por una supuesta reserva en el acceso a la documentación de los predios.

***

Historias como estas sobran en la Ciudad de México. Si bien hay muy buenas experiencias de proyectos de vivienda indígena en la capital federal, estos parecieran ya no ser impulsados incluso cuando hay casos de resistencia y protesta con mucha visibilidad. Cuando planeamos la ciudad, cuando diseñamos una política de vivienda, también leemos la ciudad. Y en ese proceso, se excluyen los que son excluidos de la vista en el día a día: aquellas personas castigadas simbólicamente como si vivieran ausente en la ciudad donde sobreviven.