ACTUALMENTE, 28 CÓDIGOS PENALES ESTATALES EN MÉXICO, ADEMÁS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, CONSERVAN FIGURAS COMO EL “DELITO DE CONTAGIO” O “PELIGRO DE CONTAGIO”. ESTO PERMITE PERSEGUIR PENALMENTE A PERSONAS QUE VIVEN CON VIH POR “EXPOSICIÓN” O “RIESGO”
En 2025, hablar de VIH/SIDA sigue siendo un tema de disputa por el sentido del cuerpo, del deseo y de la vida en común. El lema global de este Día Mundial “Overcoming disruption, transforming the AIDS response” (Superar las interrupciones, transformar la respuesta al sida) suena optimista, pero también es diagnóstico, la respuesta al VIH está siendo interrumpida y desmantelada por decisiones políticas.
Según ONUSIDA, en 2024 vivían con VIH 40.8 millones de personas en el mundo. Más de la mitad son mujeres y niñas, y 1.4 millones son niños. Aunque las nuevas infecciones han disminuido 40% desde 2010, todavía hubo 1.3 millones de nuevas infecciones en 2024 y 5.3 millones de personas ni siquiera saben que viven con el virus. La epidemia no terminó, sólo cambió de rostro, seguimos recubriéndola con metáforas moralistas que deciden quién merece cuidado y quién merece ser castigadx; si esto fuera Wicked, a propósito, ya sabríamos que “lo malvado” no son las personas con VIH, sino el coro conservador que insiste en cantar No good deed goes unpunished (Ninguna buena acción queda impune) cada vez que alguien pide presupuesto, derechos o educación sexual.
¿Cuál es el panorama en México?
En México, las cifras desmienten cualquier triunfo, hablemos de “avance” mientras aumentan los diagnósticos tardíos, las muertes evitables y los recortes, y esa contradicción debería incomodarnos más que tranquilizarnos.
En 2024 se registraron 18,995 nuevos diagnósticos de VIH y, hasta septiembre de 2025, ya se contaban 15,480 casos adicionales. Ese mismo año murieron 5,149 personas por causas asociadas al VIH, cuarto año consecutivo de incremento; ocho de cada diez defunciones fueron en hombres. CENSIDA, en su Informe Histórico por el Día Mundial 2025, y los boletines de atención integral recuerdan que detrás de cada número hay historias, especialmente de infancias que viven con VIH y que cargan con una doble herida: la del virus y la del estigma.
¿Qué hay del presupuesto?
Al mismo tiempo, el financiamiento se retrae. A nivel global, el informe de ONUSIDA para el Día Mundial 2025 advierte que la ayuda internacional en salud podría caer entre 30 y 40% respecto a 2023, profundizando los déficits en prevención, diagnóstico y tratamiento en países de ingresos bajos y medios. En México, durante el sexenio 2019–2024, CENSIDA dejó de otorgar más de 833 millones de pesos del presupuesto autorizado, lo que se ha traducido en recortes efectivos a la prevención y a la atención integral.
Para 2025, legisladorxs y organizaciones han alertado que los recortes en el Presupuesto de Egresos para VIH comprometen directamente la vida de miles de personas y ponen en riesgo la continuidad del acceso a antirretrovirales y a estrategias de prevención. Todo esto ocurre en un país que apenas destina alrededor de 2.5% del PIB a salud, con un gasto estancado y presiones crecientes sobre hospitales, vacunación y salud sexual y reproductiva.
Un retroceso a lo conservador
La “disrupción” no es sólo técnica ni presupuestal; es ideológica. Jóvenes que viven con VIH en México describen que hoy enfrentan una ola de conservadurismo y desinformación. Hay discursos que reactivan la idea de que el VIH es castigo por una vida sexual “desordenada”, que atacan la educación sexual integral y que criminalizan los cuerpos disidentes. La derecha moral religiosa, política y mediática recicla viejos miedos en nuevos envases. Ahora se habla de “ideología de género”, de “protección de las infancias”, mientras se opone a la única protección efectiva que conocemos: información veraz, derechos, acceso a pruebas, profilaxis y tratamiento.
En este paisaje, la criminalización del VIH funciona como una especie de metáfora convertida en ley. Actualmente, 28 códigos penales estatales en México, además del Código Penal Federal, conservan figuras como el “delito de contagio” o “peligro de contagio”. Esto permite perseguir penalmente a personas que viven con VIH por “exposición” o “riesgo”, incluso sin intención de transmitir y aún cuando se usaron medidas de prevención. Organismos como ONUSIDA y especialistas en derechos humanos han advertido que estas leyes ignoran la evidencia científica sobre el tratamiento antirretroviral, indetectabilidad e “indetectable = intransmisible (I=I)”, y alimentan el miedo en lugar de la prevención.
Sobre las infancias
Sigamos pensando en lxs niñxs y adolescentes que crecen con un diagnóstico que no eligieron, en un país donde su condición puede ser usada para expulsarles de la escuela, negarles trabajo o incluso llevarles a juicio. Las infancias con VIH no sólo necesitan medicinas, también requieren de un entorno que no convierta su serología en amenaza. CENSIDA ha insistido con justa razón en que detrás de cada cifra hay niñxs con sueños; pero esos sueños chocan con presupuestos recortados y un clima político que vuelve a hablar de sexualidad como pecado antes que como derecho.
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El VIH siempre ha sido un espejo incómodo. Revela qué vidas nos parece aceptable dejar morir. En 2025, ese espejo refleja un mundo donde se celebran innovaciones biomédicas PrEP, TAR de acción prolongada mientras se asfixia a las clínicas comunitarias, asociaciones civiles, se castiga a quienes viven con el virus y se demoniza a quienes reclaman educación sexual y autonomía sobre sus cuerpos.
Si de verdad queremos “superar la disrupción y transformar la respuesta”, no basta con campañas de lazo rojo un día al año. Necesitamos presupuestos a la altura de la epidemia, despenalizar el VIH, garantizar pruebas y tratamientos universales, fortalecer la prevención combinada y proteger, integralmente, a las infancias y juventudes frente al odio y la desinformación. Necesitamos, sobre todo, abandonar la cultura de usar el VIH como metáfora moral y asumirlo como lo que es, una infección crónica manejable cuya historia futura dependerá menos de la virología y más de nuestra capacidad de construir sociedades menos punitivas, más cuidadoras y sensibles.
Quizás en 2030 nos juzgarán no por los discursos que pronunciamos, sino por las vidas que decidimos sostener o abandonar hoy.